Es un procedimiento jurídico que se pone en marcha para solventar los problemas de insolvencia y falta de liquidez de una persona física o jurídica. Con este procedimiento se pretende, por una parte, que los acreedores puedan cobrar y por otra, intentar buscar soluciones para que la actividad empresarial pueda continuar con la finalidad de, si ello es posible, evitar la quiebra total.